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Los abogados de Craig Wright se oponen a una orden judicial que afirman está basada en “ataques personales”



Los abogados de Craig Wright, quien afirma ser Satoshi, han criticado fuertemente la orden de un magistrado por ser errónea en derecho y “estar basada en gran parte en ataques personales” contra Wright y su abogado keniano.

El equipo de Wright se oponía a la Orden de Descubrimiento presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el Distrito Sur de Florida, que le exigía presentar un cache de 11,000 documentos en una demanda multimillonaria emitida por el patrimonio de su difunto socio Dave Kleiman. Dijeron que la “orden claramente es errónea y contraria a la ley. Debería revocarse y desalojarse”.

Anteriormente en el caso, el juez Bruce E Reinhart desestimó los intentos de Wright de reclamar el privilegio del cliente sobre los documentos usando una variedad de diferentes argumentos legales. Reinhart dijo que “no daba peso” a las declaraciones juradas de Wright, y que se sabía que había producido documentos falsos.

“Soy abogado” dice la nota de un hombre de Kenia

Wright había presentado una declaración jurada y sin notario de un hombre keniano llamado Denis Bosire Mayaka, que afirmaba ser su abogado. La nota decía: “Soy abogado y obtuve mi licenciatura en derecho en 2007 en la Universidad Moi de Kenia”. Reinhart dijo que “podría haber sido generado fácilmente por cualquiera con un software de procesamiento de textos y un bolígrafo”.

En su “Objeción de la Orden del Magistrado sobre el Descubrimiento” los abogados de Wright dijeron que las dudas sobre la credibilidad de su cliente y las determinaciones previas sobre la falsificación no deberían haber sido un factor al considerar la credibilidad del Sr. Mayaka.

“Los demandantes intervienen que “la credibilidad de un testigo siempre es relevante”. Pero eso no tiene consecuencias. El “testigo” de la declaración, cuya credibilidad está en juego, es el Sr. Mayaka, no el acusado. Y en cualquier caso, las determinaciones previas de falsificación en cuestiones no relacionadas no es una cuestión de credibilidad a menos, por supuesto, que uno estuviera haciendo un argumento de propensión.”

El equipo legal de Wright también acusó a los demandantes -la finca Kleiman- de no ofrecer ninguna prueba para apoyar sus afirmaciones de que escondió documentos intencionadamente y no cumplió con el descubrimiento. Atacando a los demandantes directamente, los abogados afirmaron que “buscaban páginas sobre otros temas, como Tulip trusts y los mensajeros de fianza”. 

Camarero, sastre, mensajero, abogado…

La demanda en curso fue presentada por Ira Kleiman, hermano fallecido del antiguo socio de Wright, David Kleiman, para reclamar la parte de su hermano en el Tulip Trust. Al momento de esta edición, 1,100,111 BTC del fideicomiso valdrían aproximadamente USD 8 mil millones.

Uno de los argumentos centrales de las demandas de Wright es que un tercero tenía acceso a las claves privadas de 1.1 millones de Bitcoin (BTC) en el Tulip Trust que podía entregarlas a Wright según lo ordenado por el tribunal.

Sin embargo, cuando el tribunal lo presionó para que presentara documentos del mensajero relacionados con un “Tulip Trust” no identificado previamente, Wright afirmó que estaban protegidos por su relación abogado-cliente con Mayaka, el privilegio conyugal y el privilegio relacionado con su participación en 17 empresas.

Los abogados de Wright dijeron de la orden que se rechazaba todo lo que:

“Entra en conflicto con la ley y las reglas de evidencia de los Estados Unidos al rechazar la Declaración de Mayaka. Concluye sin ningún apoyo probatorio que las empresas eran el álter ego del acusado, por lo que considera que utilizó las empresas con fines fraudulentos o ilegales. Afirma que no hay pruebas de la conexión del acusado con las empresas, pero ignora el hecho de que el Magistrado no dejó que el acusado presentara esas pruebas. No reconoce que los documentos son privilegiados en virtud de la legislación de Florida. Malinterpreta la ley australiana para evitar la doctrina de la cortesía judicial. Concluye sin fundamento que las empresas extranjeras renunciaron a su privilegio de abogado-cliente. Ignora el extenso historial del caso al encontrar que el acusado renunció a su objeción de que los documentos no estaban en su posesión, custodia o control. Y no hizo ningún esfuerzo para determinar si las comunicaciones privilegiadas eran incluso relevantes para esta demanda antes de ordenar su producción al por mayor.”

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